Más de doscientos vecinos participaron ayer de la Audiencia Pública sobre la modificación del Código de Ordenamiento Urbano, propuesta por el Departamento Ejecutivo el pasado 3 de este mes, desarrollada en el Centro Cultural Leopoldo Marechal de Villa Tesei.
La iniciativa que plantea cambios en zonas residenciales, comerciales e industriales sobre la actual norma, sancionada en 2019, fue presentada por funcionarios del Gobierno Municipal, como el director general de Hábitat, Tierra y Vivienda, Emiliano Carbone; el subsecretario de Obras Públicas, Pablo Massara; y la subsecretaria de Ambiente, Verónica Bernárdez.
De la misma mesa expositora también formó parte el presidente del Comité de Cuenca del Río Reconquista, el ex funcionario moronense y concejal de Ituzaingó Daniel Larrache.
A grandes rasgos, las diferentes posturas planteadas por los vecinos en cuanto a apoyo y rechazo a la propuesta del intendente Damián Selci transitaron, en cuanto a la negativa, por objeciones respecto a la premura con la que el Ejecutivo pretende aprobar el proyecto, así como la falta de información y acotados plazos, tanto para participar en sí de la Audiencia, como las dificultades para analizar a fondo las modificaciones.
Dentro de esa mirada, las preocupaciones de vecinos, cámaras de comercio, y profesionales, estuvieron acompañadas por objeciones técnicas, pero también por momentos en los cuales la Audiencia giró en torno más a denunciar incumplimientos del COU vigente, así como también necesidades y problemáticas de los barrios, como vivienda, fragilidades de la infraestructura urbana, de seguridad, sanitaria, educativa y de servicios. Condiciones que, sumadas al impacto ambiental negativo, la mayoría en esta posición consideró que podrían agravarse si, por ejemplo, se cumplen con las intenciones de desarrollo demográfico que plantea el oficialismo con su iniciativa.
Voces por el sí
Previsiblemente, el proyecto municipal fue apoyado por representantes de desarrolladores inmobiliarios y empresas constructoras que, incluso, reclamaron mejores condiciones y flexibilidades mayores aun para aumentar su rentabilidad.
Lo mismo ocurrió desde la Unión Industrial de Hurlingham que, desde la posición de su presidente, Matías Matiazzo, y otros miembros, respaldó los cambios que comprenden al sector productivo específicamente.
En cuanto a los apoyos vecinales, la mayoría estuvieron impregnados por un aval incondicional de la propuesta oficial, aunque en la mayoría de los casos no acompañaron esa posición con datos concretos basados en el detalle de un proyecto que pocos parecen conocer a fondo, más allá de las intenciones formuladas.
Esas intenciones se basaron en ejes como la posibilidad de estudiar, trabajar y desarrollarse en el distrito. En ese sentido, la demanda por viviendas, para comprar o alquilar, en Hurlingham apareció como un reclamo transversal que las torres ya construidas, las en marcha y las propias y explícitas intenciones de los desarrolladores difícilmente contemplen.
En el mismo sentido, si bien desde esa mirada se alentó la construcción de más edificios, también se pretende que las actuales condiciones de “tranqulidad” de los barrios se preserven.
En la actualidad, ambos fines parecen marchar en sentido absolutamente contrario.
También la esperanza en que ese crecimiento aliente el desarrollo de nuevos centros comerciales e industrias aliente la creación de más puestos de trabajo.
Tras más de diez horas de exposiciones, ahora el Concejo deberá convocar a reuniones de comisión para analizar el expediente, antes de pasar a sesión en donde se votará el futuro de Hurlingham.