El exintendente de Moreno Walter Alejandro Festa se declaró culpable en el marco de un juicio abreviado por el delito de defraudación a la administración pública. El requerimiento presentado ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Mercedes prevé una pena de tres años de prisión de ejecución en suspenso, reglas de conducta durante ese mismo período e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, según trascendió este jueves.
El ex jefe comunal, junto a otros imputados, debía ser juzgado desde el 17 de noviembre, pero la fiscalía presentó el acuerdo el 5 de noviembre pasado, fuera de los plazos estipulados por la Corte Suprema, por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, defraudación a la administración pública, peculado y falsedad ideológica.
En el documento judicial, el fiscal Guillermo Massaroni solicitó que el exintendente reciba tres años de prisión en suspenso, además de reglas básicas de conducta por igual plazo. Además, la fiscalía pidió la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, junto con el pago de las costas del proceso. El ex intendente lo aceptó este miércoles. El Tribunal debe definir si homologa el acuerdo.
El expediente tiene su origen en una investigación sobre supuestas maniobras con designaciones dentro del Municipio de Moreno.
De acuerdo con la investigación de Walter Velázquez de la UFI Nº 8 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, a cargo de Gabriela Urrutia, personas incorporadas a la planta municipal no habrían cumplido funciones en la comuna, mientras que los fondos correspondientes a sus salarios eran percibidos por un dirigente social para el desarrollo de actividades políticas partidarias.
Además de Festa, están involucrados en la maniobra Lucía Alejandra Vázquez, exfuncionaria municipal, Fernando Sebastián Adorno, Gisela Alejandra Hauscarriaga, Hugo Rubén Ortiz y Jorge Alberto Vila.
La causa contra el exjefe comunal se desprendió de otro expediente que investigó al Movimiento Octubres por presuntas extorsiones a beneficiarios de planes sociales en Moreno para acudir a marchas y manifestarse a favor de Festa.
Según la reconstrucción publicada por Semanario Actualidad, las escuchas y otros elementos reunidos durante aquella investigación permitieron avanzar sobre un circuito de presuntos empleados municipales que no trabajaban para la comuna.
A Festa le queda otro frente judicial en el fuero federal junto a su ex por lavado activos, a cargo del juez federal de Morón Nº 2 Jorge Rodríguez. Ante esta situación, el ex abogado del ex jefe comunal, Leonardo Sigal, explicó que, en caso de ser condenado en esa causa, los tres años de prisión en suspenso se harían efectivos.
La pesquisa original comenzó tras una denuncia de una mujer que afirmó que dirigentes del Movimiento Octubres exigían aportes mensuales a titulares de programas sociales y aplicaban sanciones por inasistencias a reuniones o movilizaciones.
La causa derivó en allanamientos y en la detención de cuatro referentes de la organización, entre ellos Hugo Rubén Ortiz.
Según esa investigación, Ortiz habría recibido fondos provenientes de salarios de personas designadas en el Municipio de Moreno. La acusación sostuvo que esos recursos se utilizaban para financiar actividades políticas y movilizaciones de apoyo a la gestión de Festa.
Una de las maniobras bajo análisis se relaciona con decretos de baja y alta confeccionados el 5 de abril de 2019, pero con vigencia retroactiva al 1° de ese mes. La fiscalía entendió que esa situación podía constituir una falsedad ideológica, debido a que las designaciones habrían encubierto una operatoria distinta de la consignada formalmente.
Hace tres años, y previo al juicio oral por la explosión en una escuela, consejeros escolares del FPV y dirigentes sindicales se declararon culpables también, para evitar que se junten las causas. Por esos delitos es que la administración de María E. Vidal había decidido intervenir el Consejo Escolar. Aunque la Justicia no pudo, no supo o no quiso avanzar sobre esa vinculación política evidente y se limitó a tratar el tema como un caso de negligencia técnica.

