Tras la resistencia que generó en el Concejo Deliberante el proyecto enviado desde el Departamento Ejecutivo para la creación de una Policía Municipal con algunos atributos muy discutibles como era el uso de «armas menos letales», el intendente de Morón, Lucas Ghi, finalmente le dio forma, vía decreto, a un programa mucho más lavado.
El decreto N°1519 del 2026, que tendría fecha de hoy, norma la conformación de un «Programa Municipal Integral de Prevención, Proximidad y Protección Ciudadana y Convivencia Ciudadana» en apenas seis artículos, contra los 58 del proyecto de ordenanza girado al HCD (y que sufrió críticas de la oposición y modificaciones del bloque de Fuerza Patria). Ese proyecto, por acuerdo de todos los bloques (incluido el PJ-MDF) volvió a comisiones hace doce días, cuando el expediente había conseguido un dictamen favorable de mayoría, con el respaldo de todo el peronismo.
Entonces volvió a tomar fuerza la vía administrativa, que por lógica tendrá menos fuerza legal y política. «Lo que mandaron al Concejo era totalmente inconstitucional. El decreto confirma que son empleados municipales. Ahí se cuidaron; a nosotros nos querían hacer firmar cualquier cosa», opinó, sin tener aún el decreto en mano, un edil de la oposición.
El decreto fue publicado este martes en el portal de Primer Plano (el último boletín oficial publicado en el portal del Municipio corresponde a la primera quincena de julio), al mismo tiempo que el secretario de Seguridad Ciudadana, Damián Cardoso, de quien dependerá la «Policía Municipal» daba una entrevista televisiva (AM) en la que aseguró que el nuevo cuerpo contará con armas, chalecos antibalas y móviles para realizar patrullajes.
«Aceptamos las propuestas, pero 48 horas antes de tratarse el proyecto, por alguna razón política que desconozco, decidieron no tratar el proyecto. Entonces el intendente decidió crearla por decreto. Con las mismas características y objetivos. Personas con uniforme, chalecos antibalas, tonfa, fusiles, móviles y motos acondicionados. Estarán en cuatro meses, la semana que viene iniciamos las clases. Esto no puede detenerse por un debate político», apuntó el secretario.
Las principales críticas de libertarios y sabbatellistas pasaban por distintas cuestiones legales: Sus ediles no estaban de acuerdo con que los agentes portaran armas «menos letales», ni que estuvieran impedidos de afiliación gremial o política (como si fueran policías o militares). Eso, sin contar la falta de Presupuesto. Recién este jueves volverá a tratarse en comisiones el «Cálculo de Recursos y Gastos 2026», reconstruido en el Ejecutivo tras la frustrada sesión de diciembre.
Ninguna de esas polémicas aparecen en el decreto N° 1519/2026. Se indica allí que la nueva guardia urbana (ya creada bajo ese nombre en abril último) no tiene personalidad jurídica ni autarquía, ni mucho menos «estado policial». Tampoco crea competencias: «Sólo podrá interpretarse dentro de las facultades municipales expresamente reguladas».
En Provincia de Buenos Aires, las Policías Comunales están reguladas principalmente por la Ley 13482 (que unificó y organizó las policías de la provincia) y la Ley 13210. Estas normas permiten a los municipios del interior (con menos de 70.000 habitantes) crear cuerpos de seguridad descentralizados mediante convenios específicos entre el Ministerio de Seguridad provincial. Pero las comunas más pobladas están impedidas de tener una fuerza propia.