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El presidente del bloque de concejales de la Alianza La Libertad Avanza, Rafael De Francesco, solicitó a la Justicia la nulidad de la Ordenanza municipal aprobada en diciembre pasado acerca del Código de Ordenamiento Urbano impulsado por el gobierno del intendente Damián Selci.
La presentación se produjo la semana pasada ante el Juzgado Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de Morón
De acuerdo a lo publicado por el portal local Planeta Hurlingham, la demanda se estructura bajo una "pretensión anulatoria" y está acompañada por el pedido urgente de una medida cautelar.
En los fundamentos del escrito, se remarca que la acción judicial “excede el interés particular del actor”, posicionando el reclamo en la defensa del interés público de la comunidad de Hurlingham.
Del mismo modo, se sostiene la trascendencia del COU como instrumento normativo que condicionará el modelo urbanístico del partido de Hurlingham y su desarrollo “durante las próximas décadas”, regulando aspectos clave como las densidades habitacionales, los indicadores constructivos y las áreas de protección ambiental.
"Un proceso que incurre en la ilegalidad"
En su presentación, el concejal libertario afirmó que los procedimientos exigidos por las leyes provinciales para su aprobación no son “formalidades vacías”, sino garantías institucionales obligatorias destinadas a asegurar el sustento técnico, la transparencia y la participación ciudadana.
Y remarcó la responsabilidad de la gestión camporista local. "El escrito señala como un “hecho sobreviniente objetivamente relevante” que, inmediatamente después de sancionada la norma original, el Ejecutivo Municipal promovió una reforma exprés de gran amplitud", subrayó PH.
Del mismo modo, el extenso escrito de De Francesco detalló "severas irregularidades cometidas durante el trámite legislativo en el Concejo Deliberante, tales como la falta de intervención de las comisiones competentes, la ausencia de informes técnicos suficientes y la alteración del texto que originalmente había sido sometido a las instancias de participación ciudadana".
Por otra parte, el pedido cautelar de De Francesco considera la inmediata suspensión de los efectos del Código hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. Y que esa acción preventiva evitaría situaciones jurídicas, ambientales, económicas y patrimoniales que, una vez firmadas, “pueden resultar prácticamente irreversibles”.