El oficialismo consiguió en la sesión ordinaria de este jueves que el Concejo Deliberante de Morón apruebe, por mayoría, el Presupuesto previsto por gobierno municipal para 2026. Aunque en el proceso también recibió severas críticas, no sólo por los ocho meses transcurridos del presente ejercicio fiscal sino también porque hasta los aliados circunstanciales advirtieron, con vehemencia, que sus votos no implicaban un aval al programa de «la falsa Policía Municipal».
El Cálculo de Recursos y Gastos había sido enviado al HCD en noviembre del 2025. Pero justo antes de tratarse, en el último día hábil del año, una protesta de empleados municipales (que reclamaban por el pago de horas extras) obligó a cerrar el edificio y la sesión se cayó hasta nuevo aviso. Recién a finales de junio el Ejecutivo pidió al HCD que le gire el expediente, para adaptarlo a la realidad fiscal y política. Cuando regresó, contaba con una partida de 1700 millones de pesos para un programa de seguridad que al mismo tiempo nacía por decreto.
Se trata de la «Policía Municipal», cuyo proyecto de ordenanza fue retirado del Orden del día del 23 de julio, para regresarlo a comisiones. Según la versión del intendente, Lucas Ghi, «porque por circunstancia que desconozco decidieron dilatarlo» en el recinto. Según la oposición, porque «no se aceptaban cambios y nos querían hacer votar cualquier cosa».
Como sea, mientras todos siguen a la espera de que el decreto N°1519/2026 salga publicado en el Boletín Oficial del Municipio, y surgen cada vez más dudas sobre la convocatoria lanzada en abril al «personal retirado» de las fuerzas de seguridad, lo cierto es que (aún con cuestionamientos) la administración Ghi consiguió aprobar esas partidas presupuestarias que prevén no sólo el pago de salarios de los uniformados, sino también la provisión de móviles, ropa, chalecos antibalas, armas de aire comprimido, tonfas, esposas y demás elementos utilizables contra el delito.
No se trató de una mera discusión presupuestaria. Fue también de un debate político y jurídico de consecuencias insospechadas. Es que ni en la Ley de Policías Comunales de 2004, ni en la reforma de 2014, se habilitó jamás a un municipio bonaerense de más de 70 mil habitantes a dotar con armas de ningún tipo a su personal. Por eso, y a lo sumo, sólo se pudo encuadrar legalmente como «guardia urbana» al personal municipal involucrado en las tareas de prevención.
Lo más insólito es que en el mismo gobierno compiten dos versiones contradictorias. El intendente dijo el martes en una entrevista televisiva que la nueva fuerza va a tener «estado policial», cuando el decreto que firmó pero que hasta ahora sólo trascendió en algunos medios dice que, por el contrario, se trata de una «organización civil».
En esa misma nota, Lucas Ghi afirmó que el personal retirado de la fuerza va a poder usar su arma particular (para la cual tienen «portación»), en caso de encontrarse en peligro, mientras que el Municipio lo proveerá de «armas menos letales», en caso de que deba reprimir un delito que se esté cometiendo de manera «infraganti». Lo curioso es que nada de eso aparece en el decreto. Y nada de eso hubiera sido votado tampoco por ediles de la oposición.
«En estos meses no hubo voluntad política del oficialismo de tratar el Presupuesto. Hasta que surgió la idea de la Policía Comunal. Nunca vi tanta voluntad política de aprobar una herramienta. Pero no estábamos dispuestos a votar irregularidades», argumentó Analía Zapulla, concejal de la LLA y funcionaria en el Ministerio de Seguridad Nacional.
«Morón no tiene policía local porque retiraron (en rigor, fue un acuerdo de los jefes de bloque) la norma de acá y porque no tienen ningún convenio con la Provincia. La convocatoria es un fracaso», apuntó Diego Spina, de Fuerza Patria». Y disparó: «El viernes pasado más de 30 personas anotadas para la Policía Municipal renunciaron al curso cuando les dijeron que no iban a tener estado policial. Saben que no le pueden pegar un balinazo ni ponerle las esposas a nadie. Además les dijeron que durante su formación (de cuatro meses) no iban a cobrar sueldo, sino un bono».
Su colega bullrichista coincidió: «Cuando el intendente dice que van a tener Estado Policial prefiero creer que miente a que no sabe lo que dice. Es un proyecto delirante que conocemos por medios de comunicación porque todavía no fue publicado en el Boletín Oficial. El decreto aclara que no tiene Estado Policial porque, legalmente, no puede».
De acuerdo a la asignación presupuestaria, habrá poco más de 600 millones de pesos este años para pagar sueldos del personal abocado al programa de la «Policía Municipal». De ese total, $547M se habrán de repartir entre 120 agentes seleccionados. El Cálculo no fija un sueldo mensual. Y se espera que recién a mediados de diciembre estén en calle. Con este «viraje de recursos», lógicamente, la reciente «Guardia Urbana» quedaría reducida a una mínima expresión.
Una herramienta de gobierno
Después de todos estos cruces, hubo una votación que terminó 15 a 9 en favor de aprobar el Presupuesto 2026. Se consiguió con las manos del PJ-MDF, Fuerza Patria (Nuevo Encuentro) y el Frente Renovador, es decir la alianza que gobierna Morón desde 2019, más los monobloques de Claudio Faro (PRO Morón) y Susana Picón (edil radical que ocupa la banca de Bernardo Magistocchi, a quien hoy le prorrogaron la licencia). «Sin Presupuesto, Lucas Ghi va a reacomodar las partidos como se le canten…», se justificó diplomáticamente el único sobreviviente del partido amarillo.
«Este proyecto debía tratarse en diciembre, pero no pudo ser por razones de público conocimiento. Durante este tiempo cambiaron las variables macroeconómicas. Cayó a la recaudación, junto a la caída de la actividad económica, consecuencia de la caída del consumo masivo. Tenemos una reducción de mil millones de pesos por Tasa de Seguridad e Higiene (que pagan industrias y comercios con asiento en Morón). Y $3296 millones menos del fondo educativo. Una caída del Fondo de Emergencia», argumentó hoy el jefe del bloque del MDF, Agustín Ramponelli.
Votaron en contra los bloques de LLA, Todo por Argentina (Ariel Aguilera mocionó después derogar el decreto del intendente que prorrogó el Presupuesto de 2024, pero perdió la votación), La Libertad Avanza, de Alejandra Liquitay: y el Nuevo PRO Morón de Daniela Cáceres.
Por su parte, Picon aseguró que «el problema no está en las cuentas, sino en las decisiones». «Es un presupuesto de funcionamiento, no de transformación: Sólo el 7.5% es inversión de capital. Y más de $18.000 millones para el pago de deuda».
En rigor, según el balance de RAFAM publicado por el Municipio, el ejercicio fiscal de 2025 cerró con casi 20 mil millones de pesos de deuda. Por esa misma razón fue rechazada la Rendición de Cuentas. El año pasado se devengaron gastos por más de 250.000 millones de pesos. El Presupuesto 2026 es apenas 12% superior a eso: quedó establecido en poco más de $279.000 millones. Claramente se trata de un año de ajuste, como mínimo, por inflación.
«Votar positivamente no es una forma de convalidar lo que hace el Ejecutivo. Sólo damos la herramienta», advirtió Spina.
Antes de que se trate el Presupuesto, el HCD de Morón rechazó sobre tablas otro Pedido de Interpelación al intendente por temas de seguridad, promovido por el Villarruelista Ariel Aguilera. La votación sobre tablas terminó 12 a 12 y fue así rechazado con ayuda del PRO y la UCR.