Habrá Audiencia Pública para el tratamiento del convenio que el Municipio de Hurlingham firmó en febrero pasado con el Club Barracas Central para la utilización del sector de canchas de fútbol del Polideportivo de Paso Morales y Vergara.
Así lo decidieron esta mañana los votos del oficialismo, con el acompañamiento del unibloque Por Hurlingham de la concejal Anahí Galeano y la concejal del Bloque Justicialista Micaela Navill.
El restante componente de esa bancada, Juan Zabaleta, estuvo ausente.
El acuerdo, de más que factible aprobación, otorga al club de la familia del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, la utilización de las canchas de fútbol y otras áreas del Polideportivo Municipal.
La iniciativa fue rechazada por los dos bloques libertarios: Roque Belizán, Sebastián Palacio y Claudia Serrati por La Libertad Avanza; y Rafael De Francesco, Gilberto Volpe, Julio Medina y Alicia Elisei por la Alianza La Libertad Avanza.
El rechazo opositor fue dado a conocer por el concejal Julilo Medina, quien argumentó en el recinto “graves irregularidades en el procedimiento adoptado. Se pretende convocar a una audiencia pública cuando el convenio ya fue firmado el 13 de febrero de 2026, configurando un hecho consumado que desnaturaliza el espíritu de participación previsto en la normativa vigente”.
También cuestionó la inexistencia de informes técnicos
obligatorios y la de un análisis jurídico completo “que justifique el valor del
canon ni la ausencia de tributos”.
Para Medina “sostuvimos una posición clara en defensa de los
vecinos de Hurlingham. Los bienes públicos deben estar al servicio de la
comunidad local, y antes de ceder espacios a instituciones externas,
corresponde atender las necesidades de los clubes y deportistas del distrito”.
Y finalmente expuso “la desproporción económica del
convenio, señalando que el valor de mercado del alquiler de una cancha de
fútbol 11 se ubica entre los 180 mil pesos y 250 mil por hora, mientras que el
Intendente acordó con Barracas Central un valor aproximado de apenas 12 mil por
hora, lo que implica una diferencia abismal y un claro perjuicio para el
patrimonio municipal”.
