El llamado a Audiencia Pública, previa al tratamiento de la cesión de las ocho canchas de fútbol del Polideportivo Municipal al club Barracas Central, será tratado este miércoles por el Concejo Deliberante de Hurlingham.
El dictamen del expediente de la Audiencia recibió la firma y conformidad de los integrantes de la Comisión de Legislación General y Reglamento, los concejales de Fuerza Patria Nicolás Vilela, Elena Cerbino y Adrián Eslaiman, y de los opositores de La Libertad Avanza, Claudia Serrati; y de la Alianza La Libertad Avanza, Gilberto Volpe.
En cambio, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el aval llegó con la firma de los oficialistas Cerbino, Florencia Lampreabe y Ariel Simoni. El concejal de LLA Sebastián Palacio estuvo ausente mientras que el titular de la ALLA, el ex Juez de Faltas Rafael De Francesco, decidió no acompañar la iniciativa.
La Audiencia, así como el tratamiento y la más que factible aprobación del convenio impulsado desde el Municipio -gracias a los votos propios y los apoyos opositores- arrojará luz sobre un acuerdo sobre el que tanto el kirchnerismo como la mayoría de la oposición no se pronunciaron públicamente.
Hasta aquí, la información que trasciende señala que el club que maneja desde lo patrimonial y por su propia gestión familiar el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, pagará un canon mensual de 17 millones de pesos, y que a los diez días de la posible aprobación del acuerdo, se abonará mediante una sola transferencia un monto de 204 millones de pesos.
El acuerdo con Barracas fue suscripto en febrero pasado, pero recién tomó estado público a fines de marzo último cuando instalaciones, como vestuarios y otras dependencias del campo de deportes de Paso Morales y Vergara aparecieron indisimuladamente ploteadas con los colores del también titular del CEAMSE.
Mientras ello ocurría, casi en paralelo la Justicia dictaba el procesamiento del presidente de la AFA y su segundo, el tesorero Pablo Toviggino, en la causa penal por retención indebida de aportes.
Sobre Tapia pesan, además, acusaciones judiciales por presunta administración fraudulenta, lavado de dinero y evasión fiscal, el uso de facturas falsas para desviar fondos, la compra de bienes personales (como una quinta) con dinero de la AFA, denuncias por el uso de financieras como "Sur Finanzas" para préstamos y manejo de divisas así como irregularidades en la sede de la Asociación y falsedades en la mudanza a Pilar ante la Inspección General de Justicia.
Tras la determinación de fecha y lugar de la Audiencia (instancia no vinculante que no incidirá en la suerte del acuerdo) el Concejo deberá convocar a una nueva sesión para el tratamiento del convenio con Barracas que, de aprobarse, puede consolidar un período de más de diez años de cesión de casi la mitad del campo de deportes a manos privadas y sin acceso a los vecinos del distrito.
