Los consejos escolares de la Provincia de Buenos Aires, que se encargan de el nombramiento de auxiliares y de atender las emergencias edilicias (entre otras cosas), se declararon en emergencia a partir de una drástica reducción del «Fondo Compensador de Mantenimiento de Establecimientos Educativos « que les reporta el gobierno bonaerense, a partir de un cambio en el financiamiento de esos recursos.

Los cambios se produjeron en mayo e implicó una afectación del 50% de esos recursos, lo que motivó que este mes y, ante el aumento de problemas de calefacción, los organismos salieran a pedir soluciones. La oposición lo hizo a través de solicitades y marchas. El gobierno confirmó el desfinanciamiento pero le echó la culpa a la gestión de María Eugenia Vidal; y prometió pagar la diferencia a través del fondo de infraestructura escolar que le envía a los municipios.

Los consejeros escolares no oficialistas publicaron una solicitada dirigida al Ministerio de Educación que conduce Alberto Sileoni, en la que manifestaron su «preocupación» «ante la drástica reducción del Fondo Compensador aplicada a partir del mes de mayo del corriente año, lo cual ha generado un fuerte impacto negativo en la capacidad operativa de los distritos para garantizar el funcionamiento mínimo de los establecimientos educativos provinciales».

«La reducción aplicada ha sido superior al 50% en el mes de mayo, y en el mes de junio supera el 85%, generando una situación de extrema gravedad que compromete las condiciones mínimas de mantenimiento, reparaciones, provisión de insumos básicos y atención de urgencias en las escuelas», reza el escrito.

Y agrega: «Resulta imprescindible que se revise y modifique de inmediato esta medida, restableciendo los montos percibidos hasta el mes de abril de 2025. Esta decisión, sostenida en el tiempo, vuelve inviable la tarea cotidiana de los Consejos Escolares, y pone en riesgo la continuidad de muchas acciones que garantizan el derecho a la educación en condiciones dignas».

«Rechazamos cualquier intento de reemplazar este financiamiento estructural con eventuales promesas de subsidios o partidas extraordinarias sin mecanismos claros de asignación, sin plazos ni montos definidos. Este tipo de medidas resultan inadecuadas, engorrosas en términos administrativos y de difícil ejecución, además de quitar previsibilidad al trabajo de todos los días, profundizando aún más los problemas que se intentan resolver», sintetiza.

En consecuencia, los consejos escolares gobernados por la oposición solicitaron «la restitución inmediata de los valores del Fondo Compensador vigentes hasta abril de 2025, sin sustituciones parciales o mecanismos extraordinarios alternativos» y «una garantía por escrito de que cada distrito recibirá la diferencia correspondiente a lo perdido en los meses de mayo y junio, evitando así que las escuelas queden desatendidas en sus necesidades esenciales».

Ante esto, el Ministerio repartió un comunicado en el que explica el problema financiero: El FC fue creado por ley en 2003 y se financiaba con el 25% de la recaudación de la recaudación de los Ingresos Brutos «en el tramo descentralizado», es decir a través de los municipios, que se quedarían a partir de la Ley 13.010 con el 22.5% en «retribución».

La Provincia explicó que en 2017 ese tramo del impuesto «se modificó», pero ARBA lo aplicó en su sistema de recaudación hace poco más de un mes, «lo que disminuyó de manera significativa la recaudación con destino a los consejos escolares a partir del 20 de mayo». En consecuencia, el Ministerio «anunció una asignación adicional de $1200 millones de pesos para distribuirse, según el coeficiente, en los 135 distritos» de la Provincia. Esto es, en la práctica, un avance hacia la municipalización de la infraestructura escolar (que tanto denostó el PJ bajo el gobierno de JxC).

El problema es que el fondo que reciben los intendentes, que de por sí ya era mucho mayor al de los Consejos Escolares, se gasta de acuerdo a las necesidades económicas y políticas de cada gobierno local: esto puede ser obras, salarios del personal municipal abocado en áreas educativas (maternales, especiales, arte) o inclusive, en viajes de egresados, una política que comenzaron intendentes como Gustavo Menéndez (Merlo) y copió la gestión Kicillof después de la cuarentena eterna (en la cual muchos contingentes tuvieron que suspender sus viajes por la pandemia).

En la oposición esta explicación no convence: «Es una cortina de humo para que no se hable de la falta de luz, gas o agua. Hoy el Consejo Escolar de Morón no tiene plata para atender las emergencias y además tiene una deuda de más de $300 millones. Salieron con ese comunicado después de que denunciáramos la situación», acusó el consejero radical Javier Argolo.

La semana pasada, tras un comunicado de la UCR, el dirigente explicaba lo siguiente en Mpquatro radio: «El fondo compensador es para emergencias. Una escuela llama por una filtración en el techo y el Consejo manda un contratista que eleva el requisito al inspector de Infraestructura. Se evalúa y se paga. Ese presupuesto se redujo un 50% de un mes para otro. Ayer estuvieron todos los consejeros de UxP reunidos con el coordinador provincial por este tema. Nos dicen que lo van a tratar de compensar con un fondo específico. Hay muchos colegios que llamaron por los inconvenientes del frío. Por lo que necesitamos un fondo que compense lo que ya se generó para emergencias.